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Julio Clemente tendrá que acudir a terapia para manejo de ira y mantener alejamiento recíproco

Disponen libertad de Julio Clemente

SANTO DOMINGO, RD.- El juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dictaminó hoy que Clemente Báez Doñé (Julio Clemente), imputado de violencia de género, acuda de manera periódica al Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito Nacional para recibir terapias del manejo de la ira.

Según una nota de la Procuraduría General de la Republica, Vargas también emitió orden de protección para las dos partes envueltas en el conflicto, en el entendido de que en esta relación existe violencia cruzada.

La Fiscalía del Distrito Nacional había solicitado prisión preventiva, como medida de coerción contra Báez Doñé.

La fiscalía entiende que lo dejó en libertad, el juez encontró indicios de violencia en el proceso que lo llevaron a aplicar las citadas medidas.

El Ministerio Público plantea que tiene pruebas sobre la amenaza de muerte que recibió la expareja del comunicador el pasado lunes 23 de noviembre. La víctima se querelló ante la Unidad de Violencia de Género contra Báez Doñé, luego de conversar con un amigo a quien llamó asustada por la vía telefónica.

El expediente explica que, desde el pasado mes de julio, la Fiscalía del Distrito Nacional estaba apoderada de una denuncia interpuesta por Báez Doñé, quien acusó a su expareja de presentarse a su lugar de trabajo.

Dijo que, una vez allí, la mujer procedió a rayarle el vehículo y a ponchar los dos neumáticos del lado derecho. En ese momento el ahora imputado aportó un video que resultó insuficiente para evidenciar que la señora cometió el hecho.

Juez reprochó al Ministerio Público

“El Juez Vargas envía una señal clara de alerta con un sistema que no debe irse para un solo lado. Nuestra lucha fue por una justicia justa, para quien sea, no importa hombre o mujer, pero justa, equitativa, sin contaminaciones y con régimen de consecuencia”, escribió el productor Iván Ruiz sobre lo acontecido en la audiencia.

Por el momento, el Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 309-1, 309-2, 309 literal E, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, y la Ley 53-07 sobre Delitos Electrónicos.

La Fiscalía del Distrito aporta, entre las pruebas que sustentan la solicitud de medida de coerción, testimonios de familiares y amigos de la mujer, así como los informes de riesgo y emocionales expedidos por dos psicólogas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La víctima denunció otros abusos que también están bajo investigación.

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