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El gobierno venezolano recurre a la justicia militar

BOGOTÁ, Colombia – Cuando unos manifestantes del estado Zulia tumbaron una estatua del expresidente Hugo Chávez, en la grabación del suceso se escuchaba el estrépito de la efigie quebrándose contra el pavimento y las celebraciones. El video, que se ha vuelto viral en las redes sociales desde el 5 de mayo, muestra a unas personas rompiendo la estatua y a otras prendiéndole fuego.

Las autoridades detuvieron a los sospechosos bajo cargos de vandalismo, pero no fueron llevados a un tribunal civil ordinario. En vez de eso, los trasladaron a una base militar en el Zulia y el miércoles fueron juzgados por un tribunal castrense.

El presidente Nicolás Maduro, bajo asedio por el segundo mes de protestas multitudinarias en su contra, está procesando a sus rivales políticos con leyes sobre terrorismo y ha expandido sus poderes por medio de decretos de emergencia. Sus partidarios en el Tribunal Supremo de Justicia incluso intentaron disolver la Asamblea Nacional que es controlada por la oposición.

Ahora el presidente ha recurrido a los tribunales militares para reforzar su poder y juzgar a civiles en cortes que el gobierno tiene bajo su control.

Desde el 2 de abril, cuando empezó la más reciente ola de manifestaciones, 120 venezolanos han sido puestos en prisión por cortes militares, de acuerdo con Foro Penal, una ONG que ha dado asistencia a los detenidos. Provea, otro grupo que monitorea los casos, ha contabilizado 90 venezolanos condenados por tribunales castrenses. Ambos grupos aseguran que el país nunca ha juzgado a tantos civiles de este modo en momentos en los que no hay guerra.

“La justicia militar siembra el peor temor dentro de nuestro pueblo”, dijo Juan Miguel Matheus, un legislador opositor del estado de Carabobo quien asegura que ahí han sido arrestadas 69 personas por el ejército desde principios de abril.

La cifra incluye a estudiantes, dueños de negocios, mecánicos y campesinos, de acuerdo con grupos de monitoreo. Una familia entera fue llevada ante un tribunal militar en Caracas la primera semana de mayo y acusada de incitar a la rebelión. En la ciudad de Valencia, dos personas fueron llevadas ante las cortes castrenses bajo sospecha de haber robado dos piernas de jamón durante saqueos… y luego también fueron acusados de incitar a la rebelión, según Foro Penal.

“Los tratan como combatientes”, dijo Alfredo Romero, el director de ese grupo. “Han tomado la jurisdicción civil y la han puesto en manos del ejército, como si estuviéramos en guerra”.

Otras personas dicen que la mano dura contra los manifestantes se debe a que Maduro está perdiendo poder dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), particularmente en el ámbito de los cuerpos de seguridad.

Un reciente informe de Amnistía Internacional concluyó que las detenciones de disidentes políticos se han convertido en una práctica común del gobierno de Nicolás Maduro. Silencio a la fuerza: Detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela es el título del documento que enumera y tipifica algunas de las formas en las que se utiliza el sistema de justicia para “incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente”.

“Las detenciones arbitrarias por motivos políticos se han convertido en una constante en Venezuela, país que vive una de las peores crisis de derechos humanos de la región”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional en una entrevista reciente con The New York Times en Español. “Se han reportado más de mil personas detenidas en las últimas manifestaciones, por lo que nos pareció importante visibilizar la situación que enfrentan los opositores pero también los jóvenes que simplemente expresan su oposición en contra de las políticas del gobierno”.

El informe resalta el uso de tipos penales como “traición a la patria”, “terrorismo” o “rebelión”, que son considerados ambiguos y discrecionales lo que aumenta el riesgo de que los acusados no puedan recibir un juicio justo que observe el debido proceso. Además estos delitos facilitan el procesamiento de civiles en juzgados militares, una medida que es muy criticada en la investigación de Amnistía Internacional.

“Un tribunal militar no cuenta con las condiciones para procesar a civiles acusados de esos delitos, eso muestra la falta de independencia de los operadores de justicia. Otra tendencia alarmante es que, luego de que un alto funcionario acusa públicamente a alguien, esa persona es detenida casi de inmediato”, asevera Guevara-Rosas.

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